Un asesor de talla mundial para un Estado que no conoce sus propios datos

El 18 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella nombró a David Vélez —fundador y CEO de Nu, el banco digital más grande de América Latina, con más de 140 millones de clientes— como su principal asesor ad honorem en inteligencia artificial. Según el anuncio presidencial, Vélez y su equipo presentarán un proyecto para materializar esa visión y convertirla en una política de Estado.

La decisión tiene lógica. Vélez no es un banquero tradicional: construyó una compañía que resolvió, desde el teléfono y en minutos, trámites que la banca colombiana volvía interminables. Si alguien entiende cómo se desmonta un proceso burocrático, es él. Y que la IA se convierta en política de Estado —con deliberación institucional y control democrático— sería más de lo que han hecho la mayoría de los gobiernos de la región.

Pero hay un problema que ningún asesor resuelve, y conviene decirlo antes de que el entusiasmo fije la agenda: la inteligencia artificial en el Estado colombiano no va a fracasar por falta de modelos. Va a fracasar por falta de datos.

Lo sabemos porque lo hemos vivido. En el CIIAC llevamos meses intentando construir inteligencia territorial sobre datos públicos colombianos, y el diagnóstico es incómodo. En la consulta propia del CIIAC realizada en septiembre de 2026, varios indicadores de finanzas municipales disponibles en TerriData llegaban únicamente hasta 2021. En las series de asignaciones territoriales del Sistema General de Regalías que consultamos, los últimos registros visibles correspondían a 2018 y 2019. El Sisbén sí ofrece consulta individual y Portal Ciudadano, pero no identificamos una API pública ni una descarga abierta de la base individual para análisis masivo. Los códigos con que una entidad identifica a un municipio no siempre coinciden con los que usa otra, de modo que cruzar dos fuentes oficiales exige traducir entre sistemas que nunca se hablaron. Y la frescura de los datos varía tanto entre municipios que dos vecinos pueden estar separados por cinco años de información.

Esa es la materia prima real. Un modelo de lenguaje, por potente que sea, no inventa lo que no existe: si le pedimos que diseñe una política para un municipio cuyo último dato fiscal es de 2021, no produce una solución —produce una ficción con buena redacción.

Y aquí es donde el país se parte en dos. El Gobierno Nacional, desde Bogotá y con músculo financiero, puede modernizarse relativamente rápido: concentra más equipos, presupuesto y sistemas. Pero Colombia no se gobierna desde Bogotá, se gobierna desde las regiones. La burocracia de un ministerio y la de una alcaldía como Tuchín, en Córdoba, no son el mismo problema con distinta escala: son problemas distintos. En el municipio no sobra tecnología, falta el registro básico sobre el cual cualquier tecnología tendría que operar. Una IA nacional entrenada sobre datos que no incluyen bien a Tuchín no va a modernizar a Tuchín: va a tomar decisiones sobre Tuchín sin conocerlo.

Queda una pregunta que esta columna no puede esquivar, porque ya la hice antes en este mismo espacio: si el problema global de la IA es que actores privados con intereses económicos están decidiendo el rumbo de una tecnología que nos afecta a todos, ¿por qué celebrar que un multimillonario del sector privado asesore al Estado colombiano? La diferencia no es menor, pero tampoco es automática. Un asesor ad honorem cuyo producto debe convertirse en una propuesta de política pública debería estar sometido a control democrático: debe haber deliberación, votación y responsabilidad política. Los CEOs que hoy negocian entre ellos las reglas de la IA mundial no tienen ninguno de esos contrapesos. Esa es la distinción que salva al nombramiento —y solo se sostiene si el control democrático es real y no decorativo. Lo cual obliga a preguntar desde ya: ¿qué poder efectivo tiene un asesor que no cobra? ¿Ante quién responde? ¿El proyecto que llegue al Congreso se va a deliberar o se va a aprobar en bloque? Y una más, incómoda pero necesaria: Nu Holdings es una compañía extranjera —cotiza en Nueva York y, en septiembre, inició operaciones en Estados Unidos a través de Nu Global mientras avanza el proceso de licencia bancaria— cuyo negocio depende intensivamente de los datos. Nombrar a su fundador para diseñar la arquitectura de datos del Estado colombiano exige reglas explícitas de conflicto de interés, no confianza personal.

Porque el otro riesgo es ese: que terminemos entregando los datos públicos de los colombianos a modelos y empresas que no controlamos, por la vía de ahorrarnos la infraestructura propia. La IA no es un juguete, y usarla bien no consiste en poner un chatbot en cada ventanilla. Exige funcionarios con criterio técnico —que entiendan qué es un contexto, qué es un prompt, dónde se equivoca un modelo y por qué no se le puede delegar una decisión— y exige definir, antes de firmar nada, dónde viven los datos del país y quién puede leerlos.

Nada de esto se resuelve con la persona correcta en el cargo. El diagnóstico es estructural y la solución también tiene que serlo. Por eso la medida de éxito de este nombramiento no es lo que Vélez anuncie, sino algo mucho más aburrido y mucho más verificable: si dentro de doce meses un funcionario de Tuchín puede consultar información actualizada de su propio municipio, la política funcionó. Si el proyecto que llegue al Congreso trae modelos pero no financia el levantamiento y la actualización de datos municipales, habremos comprado un motor sin combustible.

Colombia tiene talento, tiene el momento y ahora tiene un asesor de talla mundial. Lo que todavía no tiene son los datos. Empecemos por ahí.